José Carlos* escuchó el sonido de una lancha aproximarse. Fue la antesala de su calvario en altamar.
El pescador ecuatoriano se encontraba en una embarcación junto a un compatriota suyo y dos guatemaltecos cuando la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG por su sigla en inglés) los interceptó en aguas internacionales.
El hombre de alrededor de 30 años había zarpado de las costas de Manta, en el oeste de Ecuador, con una encomienda peligrosa: más de 300 kilos de cocaína colombiana que tenían como destino final EE.UU.
Le habían prometido US$10.000 si tenía éxito, algo que le habría ayudado mucho a mejorar su vida y la de su familia, acostumbrada a vivir con los pocos dólares que paga el oficio de pescador.
Su misión consistía en llevar la carga hasta costas centroamericanos y entregarla a otra embarcación que se encargaría del resto.
Las autoridades estadounidenses, que se atribuyen la potestad de actuar en aguas internacionales, convirtieron aquel viaje impulsado por la necesidad de José Carlos en un periplo de meses en una especie de «prisión flotante», un juicio en Estados Unidos y una condena a 10 años de prisión.
El viaje
«Vuelta» es como llaman en las costas de Ecuador y Colombia a surcar aguas internacionales con una carga de droga destinada a llegar a Estados Unidos.
Por lo general, los que se lanzan en ese riesgoso viaje desde costas sudamericanas avanzan por el Pacífico y tienen la misión de entregar la carga a otra embarcaciones provenientes de Guatemala, Honduras o México.
Las autoridades estadounidenses, que se atribuyen la potestad de actuar en aguas internacionales, convirtieron aquel viaje impulsado por la necesidad de José Carlos en un periplo de meses en una especie de «prisión flotante», un juicio en Estados Unidos y una condena a 10 años de prisión.
El viaje
«Vuelta» es como llaman en las costas de Ecuador y Colombia a surcar aguas internacionales con una carga de droga destinada a llegar a Estados Unidos.
Por lo general, los que se lanzan en ese riesgoso viaje desde costas sudamericanas avanzan por el Pacífico y tienen la misión de entregar la carga a otra embarcaciones provenientes de Guatemala, Honduras o México.
En la ciudad-puerto de Manta, desde hace años se escuchan historias de personas que lograron hasta US$20.000 por haber realizado una «vuelta» exitosa, pero también son cada vez más los relatos de aquellos que no tuvieron tanta suerte y fueron capturados por una embarcación de la USCG.
David, otro pescador ecuatoriano, fue uno de ellos. Hace tres años «simplemente desapareció», según cuenta a BBC Mundo su esposa Katherine.
«Yo no sabía nada. Un día salió como siempre, pero sus viajes para pescar duraban dos, tres o máximo 15 días», cuenta la madre de los dos hijos de David.
Pasaron casi tres meses hasta que la mujer se enteró de que su marido estaba detenido y sería enjuiciado en Estados Unidos.
Como sucede con muchas familias que viven casos similares, Katherine llegó a pensar que su pareja había fallecido tras tantas semanas sin recibir noticia alguna de él.
Ignoraba por completo que durante ese tiempo su esposo estaba detenido e incomunicado mientras era trasladado por vía marítima a territorio estadounidense.
Luego David fue sentenciado a 11 años de prisión que en la actualidad cumple en un centro de reclusión federal en Nueva Jersey.
El periplo marítimo
Las detenciones en aguas internacionales que realiza la USGS han provocado diferentes cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos.
Por ejemplo, los cada vez más numerosos casos de ecuatorianos que fueron persuadidos o coaccionados para ser parte de una «vuelta» son analizados en la reciente investigación «A la deriva: repercusiones sociales del narcotráfico en el Pacífico ecuatoriano», donde se detallan casos similares a los de David y José Carlos.
El trabajo, realizado por la consultora ecuatoriana Parametría, detalla algunos de los abusos que sufren los detenidos ante los vacíos legales existentes respecto a capturas en aguas internacionales.
«Llega de pronto una pequeña lancha de guardacostas americana (de EE.UU.), y enseguida también llega una mexicana. Entre las dos lanchas se ponen de acuerdo y ahí nos detienen. También recuerdo que nos encadenaron los pies y de ahí nos llevaron en el barco. No recibimos ningún tipo de castigo ni torturas, pero fuimos por varios países», sostiene uno de los testimonios publicados en la investigación que tiene varios autores.
En «A la deriva…» se relata que los capturados pasan por puertos de Guatemala y Panamá e incluso por el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba) antes de ser trasladados y juzgados en tribunales de EE.UU.
«La duración del encarcelamiento flotante no se sujeta a ningún principio que asegure alguna certidumbre en el tiempo. Con ello, no solo las reglas del debido proceso de Estados Unidos o de Ecuador son vulneradas, sino también los principios internacionales que exigen la entrega o disposición inmediata de los detenidos ante un juez», sostiene el texto.
La investigación añade que, bajo esas condiciones, «ningún detenido sabe a ciencia cierta qué destino correrá su suerte tras el abordaje y detención por parte de la Guardia Costera (…) El cautiverio es simplemente intemporal».
«Las versiones de los detenidos resaltan el mantenimiento de condiciones vejatorias de la detención, que van desde el uso de cadenas y grilletes hasta restricciones alimenticias y fisiológicas«, añade la investigación.
Parametría señala que se han conocido detenciones de este tipo en embarcaciones de la USCG de hasta 90 días, aunque testimonios recogidos por medios ecuatorianos sostienen que hubo casos de reclusión más largos.
Lucha contra el narcotráfico
Por su parte, la Guardia Costera estadounidense señala que sus acciones en aguas internacionales del Pacífico son éxitos en la lucha contra el tráfico de drogas.
La entidad, en su último reporte anual de actividades resalta que las acciones realizadas en altamar le permitieron la incautación de 210 toneladas en 2018, mientras en 2013 la cifra solo llegaba a 88 toneladas.
«La estrategia de la Guardia Costera es mantener una fuerte presencia de incautación de drogas en altamar que impida el acceso de los traficantes a las rutas marítimas», sostene la entidad.
Las incautaciones logradas por la USCG en su mayoría son cocaína, pero también se encontró embarcaciones cargadas con marihuana, heroína y otros opioides.
Solo en 2017 fueron detenidos 708 personas en los operativos de interdicción, entre ellos colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos.
La Guardia Costera señala que, desde la implementación en 2014 de su «estrategia para el hemisferio occidental«, el número de traficantes de drogas detenidos anualmente se ha duplicado y la cantidad de casos remitidos para el enjuiciamiento en EE.UU. se ha duplicado.
También resalta que los interrogatorios a los aprehendidos y el análisis de la evidencia hallada en altamar ayudan en las labores de inteligencia y permitieron a los fiscales identificar a miles de narcos.
«Casi tres cuartos de los traficantes designados objetivos prioritarios que fueron extraditados a Estados Unidos desde Sudamérica fueron vinculados por las interdicciones de la USCG, incluidos varios narcotraficantes de alto nivel extraditados que el Departamento de Justicia procesó con éxito», sostiene la entidad en su reporte anual.
La Guardia Costera añade que sus operaciones en altamar son realizadas en coordinación y con el apoyo de diferentes países.
BBC Mundo se comunicó con la USCG para ampliar la información disponible respecto a detenciones en aguas internacionales y los cuestionamientos respecto a las condiciones en las que se procede con los aprehendidos. Después de un intercambio de correos electrónicos y hasta el momento de la publicación no hubo más respuesta de la entidad estadounidense.
«La reina de las rutas»
Las detenciones, los cientos de toneladas incautadas y el énfasis que hace Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en altamar encuentran su explicación en que la vía marítima es la más óptima para que las organizaciones de narcotraficantes muevan cantidades considerables droga de Sudamérica rumbo a Estados Unidos.
Daniel Rico, experto colombiano en crimen organizado y director de la consultora C-Analysis, explica que transportar sustancias controladas por el océano Pacífico puede ser considerada como la «reina de las rutas» por diversos factores.
Los principales de ellos tienen que ver con que la logística y costos de mover grandes envíos de droga por mar son menores que los que se requiere por aire.
«Es difícil cuantificar, pero es de lejos su mejor alternativa. Las grandes estructuras del narcotráfico mueven la cocaína por ahí. La ruta naval del Pacífico es la óptima porque los costos son los menores, el volumen de carga es mayor y el riesgo es inferior», explica el investigador.
Rico indica que, por ejemplo, existen sumergibles y lanchas rápidas que son capaces de llevar hasta cinco toneladas de cocaína.
«Las demás rutas también son rentables, pero son más caras y difíciles«, sostiene en referencia a mover la cocaína en avionetas después de transportarla grandes distancias por tierra o camuflarla en vuelos comerciales o contenedores de carga.
Es por ello, añade, que el 40% de las plantaciones de coca colombiana se ha desplazado a las regiones aledañas a la costa del Pacífico, cuando antes se encontraban en el otro extremo del país.
Respecto a la participación de pescadores ecuatorianos en la cadena de envío de droga, el investigador explica que las embarcaciones que salen de los puertos de Colombia primero van al sur para alcanzar las corrientes marítimas de altamar que les permiten alcanzar aguas centroamericanas y norteamericanas.
«Ellos no van en línea recta sino que hacen una especie de ‘L’ en la zona de pesca alrededor de Islas Galápagos. Esa parte, además, se ha vuelto un punto de aprovisionamiento y de carga de combustible», señala Rico.
La paradoja
Katherine. la mujer de David, pescador ecuatoriano detenido, conoce varias esposas y madres que se encuentran en su situación.
Ella se las arregla para alimentar a sus dos hijos lavando ropa, pintando uñas o «lo que aparezca», mientras guarda la esperanza de que su esposo sea repatriado y cumpla su condena en Ecuador.
«Así al menos podré verlo en lugar de hablar con él unos minutos cada 15 días«, indica la entrevistada.
A la mujer le parecen una eternidad los nueve años de condena de David. Su caso no es el único.
De hecho, el investigador de Parametría Max Paredes señala a BBC Mundo que Ecuador desconoce el número real de compatriotas que están encarcelados en el extranjero.
«Creo que es una debilidad muy fuerte del país no conocer dónde están y cuántos son. Nosotros hemos construido una línea base de 203 familias, pero seguro hay muchos más», señala.
Paredes añade que, según datos de la Organización de Mujeres de Presos en el Extranjero, son alrededor de 1200 los ecuatorianos que guardan prisión en Estados Unidos y otros países como El Salvador.
En los últimos dos años, apenas 119 lograron ser repatriados desde cárceles estadounidenses, mientras ninguno de los sentenciados en países de Centroamérica lograron volver todavía.
Es una paradoja muy grande, señala Daniel Rico, quien apunta que muchos verdaderos capos de la droga reciben penas menores a las que reciben los pescadores.
«Se le pega a la parte más débil, que es la que trata de salir de la pobreza al ingresar a una red de narcotráfico«, indica el investigador.
Rico indica que amerita preguntar si vale la pena que la justicia estadounidense judicialice a estos operadores menores de la cadena o si EE.UU. debería enfocarse en los verdaderos cabecillas del negocio.
«Los grandes narcotraficantes que hemos extraditado a Estados Unidos han ido allá, han negociado sus penas y han regresado a Colombia dos o tres años después para reactivar sus redes de narcotráfico», indica.
Esto sucede, señala el analista, porque «es gente que tiene poder de negociación en dinero, contactos, redes, mientras un pescador pobre no tiene nada de eso y termina pagando condenas mucho más largas».
«Es la gran paradoja del sistema», concluye.
* Nombre modificado para proteger su identidad
